Migración y minería ilegal exponen a los indígenas al delito de trata de personas

El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como garante de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y los Protocolos al respecto, asiste a los Estados en la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata.

En su artículo 3, este protocolo define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Esta explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Las mujeres siguen siendo las principales víctimas, y representan el 46 % y las niñas el 19 % de todas las víctimas de la trata.

De acuerdo con la directora de Extensión Social Universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Ciudad Guayana, Eumelis Moya, el estudio que realizaron sobre las prácticas de esclavitud moderna revela que en los delitos de explotación sexual y trata y tráfico de personas hay un número significativo de niños, niñas y adolescentes afectados por este flagelo.

En el Informe Anual de Condiciones de Vida en comunidades indígenas de Venezuela, de Kapé Kapé publicado en el año 2021 “los tres problemas sociales más importantes en las familias indígenas del sur del país en el 2021 fueron el desempleo, la migración y la desnutrición”.

“La migración en el 2021 se consolidó como problema social en los tres estados, ocupando en Amazonas el segundo lugar con (23%) y en Bolívar y Delta Amacuro ocupando el tercer lugar con (20%) y (13%) respectivamente”.

“Dentro del grupo migratorio existe un porcentaje importante de jóvenes estudiantes que abandonan sus territorios teniendo como motivo principal la búsqueda de empleo, también el hambre y la desesperación son razones que inciden en esta migración forzada”

En el informe de Migración en Comunidades Indígenas de Kapé Kapé del año 2021, el estado Amazonas por su parte, como en Delta Amacuro, pero en menor medida también la desnutrición y el desempleo han incidido en el éxodo migratorio de las etnias de la región.

“En este estado la creciente presencia de grupos armados en territorios indígenas, algunos ligados también al narcotráfico, han cambiado notablemente la dinámica de estas comunidades, pues en las mismas es observable problemas de orden organizativo, sociocultural, económicos entre otros.”

“Desde el aspecto organizativo, la presencia de estos grupos irrumpe con el trabajo colectivo de estas comunidades y la atención hacia los problemas conjuntos ha afectado la vida cotidiana de estas comunidades, quienes a veces se ven divididas entre adherirse a las prácticas generadas por estos grupos o migrar hacia otros territorios o países. (El Cooperante, 2021)”.

“Ambas opciones tienen consecuencias negativas para las etnias del estado, pues optar por unirse a las prácticas de la minería ilegal significa exponerse a situaciones de violencia como el abuso, tratos crueles, explotación laboral y sexual, trata de personas entre otros, fenómenos que también han venido siendo documentados por el Observatorio. Por su parte, los que se resisten a estas prácticas, y en virtud de la crisis económica existente se ven obligados a migrar a Colombia principalmente, teniendo como ruta principal cruzar el Rio Orinoco para llegar a las poblaciones colombianas de los departamentos del Vichada y Guanía de Colombia en busca de mejores condiciones de vida”.

En el destino que migran las personas del estado Amazonas se exponen al trabajo forzado y a la explotación sexual, sobre todo quienes se dirigen hacia las minas ilegales del interior del estado, en su mayoría controladas por grupos armados al margen de la ley de origen colombiano.

Habitantes de comunidades indígenas de Amazonas, que habitan la frontera con Colombia, han señalado que en algunas comunidades se han llevado niñas hacia este país vecino para trabajar la prostitución, con respecto a esto Kape Kape no ha podido corroborar esta información de manera independiente.

La migración y la minería son dos factores que exponen a los indígenas a mayores riesgos de ser víctimas el delito de trata.

De acuerdo con el Informe de 2020 sobre la trata de personas de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, en 2019 hubo un aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en el sector informal de la minería.

Estimaron que aproximadamente el 45 por ciento de los mineros en el estado Bolívar eran menores de edad y eran extremadamente vulnerables a la trata de personas. Los grupos armados explotan a ciudadanos y víctimas de secuestro con fines de tráfico sexual y trabajos forzosos, en sectores como la agricultura, el servicio doméstico, y la construcción; y que los tratantes de personas explotaron a mujeres y niñas, especialmente a aquellas pertenecientes a comunidades indígenas.

Noticias Relacionadas