En lo que se presume son parte de los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y los líderes yanomami luego del enfrentamiento donde fueron asesinados 4 indígenas en Parima B, a esta zona comienzan a llegar las ayudas ofrecidas por las instituciones oficiales.
La semana pasada fue activado por CANTV el servicio de internet satelital, el cual funciona desde ese momento en la Escuela Básica Cacique Tamanaco, con lo que los yanomami ya no tendrán que acudir a pedir la clave del wifi a los militares de la base de seguridad territorial de Parima B, ahora ocupada por efectivos de la guardia del pueblo.
Este jueves 19 de mayo, el director regional del Ministerio de Pueblos Indígenas, Raúl Rodríguez, del pueblo jivi, se trasladó a Parima B para hacer entrega de un conjunto de insumos e implementos como bolsos escolares, hamacas, kits de costura, libros bicentenarios, témperas, carpetas manilas, libros para docentes, cajas de lápiz y pega escolar, un saco de semillas de maíz y otro de semillas de caraota.
En los próximos días estarían llegando otros insumos como mesas y sillas para la escuela.
Aún no llega la justicia
A 2 meses de haber ocurrido el enfrentamiento con efectivos militares donde fueron asesinados 4 indígenas yanomami, todavía no se conoce ningún detalle de las investigaciones que llevan a cabo las instituciones del estado venezolano.
Pese a que el Ministerio Público tiene a 5 fiscalías diferentes trabajando este caso, hasta la fecha ninguna persona ha sido presentada en tribunales para ser imputada por el asesinato de los 4 indígenas yanomami.
Mientras en Caracas, organizaciones como Foro Penal han denunciado que mantienen en aislamiento con prohibición de salir de la habitación donde está internado y de recibir visitas, a Sifontes Borges, el indígena yanomami herido en el suceso de Parima B que fue trasladado al hospital militar de Caracas.
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La muerte de los indígenas fue presentada ante la relatoría de Cuestiones Indígenas de la ONU, de la que se espera un pronunciamiento próximamente por este caso del que también tienen conocimiento los oficiales de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas.
