La alerta fue publicada vía Facebook por Alejandro Lezama, indígena pemón de la comunidad de San Antonio de Roscio, ubicada en el Km de la Troncal 10, vía Santa Elena de Uairén, municipio Sifontes del estado Bolívar, con base a un croquis de lo que son las tierras comunitarias de San Antonio de Roscio y fotografías de presuntas invasiones de terceros no indígenas.
“Informo por este medio que, desde hace días, a la altura del Km 24, hay una invasión por parte de grupos irregulares utilizando la población minera sin la autorización previa de la comunidad. Denunciamos que este atropello sigue desde hace más de una década y se siguen incrementando las invasiones. Hacemos un llamado a las autoridades competentes estar atentas y prevenidos ya que en breve formalizaremos las denuncias. Nuestro territorio que ancestralmente habitamos no será cedido ni entregado a las organizaciones que de manera arbitraria quieran tomar el control…” señaló el denunciante, quien es excapitán de la comunidad indígena.
Cabe recalcar lo señalado por el dirigente indígena, que en los últimos años ha venido ocurriendo una sostenida y flagrante invasión de las tierras colectivas por parte de mineros ilegales y comerciantes, respaldados por grupos armados que tienen el control en la zona de El Dorado y Las Claritas, específicamente entre el tramo del Km 21 y Km 33 de la Troncal 10.
Como consecuencia de este proceso, ya existe un poblado establecido desde hace 5 años en el Km 21, donde se puede observar gran cantidad de comercios y mercados, entre los cuales hay supermercados que pertenecen a ciudadanos de origen asiático.
La comunidad de San Antonio ha intentado estérilmente frenar las invasiones de tierras, las cuales son promovidas por grupos armados ya conocidos en la zona.
La comunidad de San Antonio de Roscio es una de las 22 comunidades que conforman el Sector 4 Cuyuní, de acuerdo a la estructura organizativa de los pueblos akawaio, kariña, arawako y pemón, miembros de la Federación de indígenas del estado Bolívar.
Desde el año 2007 las comunidades del sector Cuyuní, esperan por el reconocimiento jurídico, a través de la Procuraduría General de la República, de las tierras colectivas que ancestral y tradicionalmente ocupan como pueblos originarios.
Sólo el Sector 7 Ikabarú, Gran Sabana, conformada por 17 comunidades, cuenta con un documento declaratorio de ocupación de hábitat y tierras, más no un título de propiedad colectiva como lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
