En las comunidades indígenas de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro se mantienen las injusticias que condenan a estos venezolanos a una vida de desigualdad y vejaciones.
El Estado no cumple en garantizar su derecho a la salud. En reciente trabajo de campo el equipo de investigadores de Kape Kape pudo comprobar el abandono general de dispensarios y ambulatorios que deben prestar servicio a nuestros indígenas. No cuentan con personal médico permanente, tampoco con insumos médicos que garanticen una atención oportuna.
En estados como Bolívar y Delta Amacuro continúa más vigente que nunca la amenaza de la malaria, el sarampión y la difteria, con repuntes que superan hasta 200% el número de casos de unos 5 años atrás.
Adicionalmente en Amazonas se ha detectado y denunciado un alto número de niños indígenas enfermos con patologías agravadas por desnutrición infantil. En el primer semestre se informó sobre la muerte de 36 niños menores de 1 año por cada mil nacidos vivos.
La ambición por la riqueza minera ha hecho que grupos se posicionen en zonas y territorios indígenas para desplazarlos y destruir su hábitat. La minería ilegal destruye no sólo el ambiente, sino también la vida de nuestras comunidades y pueblos indígenas. El Gobierno con su omisión se ha convertido en cómplice de esta práctica al haber permitido que se vulnerara nuestra soberanía y se invadieran espacios y territorios indígenas para la extracción de oro y otros minerales.
El Estado venezolano incumple la Constitución al no materializar la demarcación y garantizar la propiedad colectiva de las tierras y territorios indígenas, los cuales deben ser «inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles», según el artículo 119. En Amazonas solamente al pueblo hojtti se le ha entregado un título de tierras en el municipio Manapiare, mientras que en Bolívar sólo 3 comunidades de los pueblos mapoyo y pemón han recibido sus títulos. La Comisión de Demarcación quedó en el olvido.
Más de 3 años han tenido que esperar los indígenas del interior de Amazonas, que se movilizan mayoritariamente en embarcaciones fluviales, para que el Gobierno nacional les asignara y entregara un cupo de combustible al que tienen derecho y por el que además pagan. Apenas recientemente fue que la ZODI-Amazonas autorizó e hizo una entrega parcial de combustible.
Mientras que en Bolívar y Delta Amacuro los indígenas que necesitan desplazarse en embarcaciones siguen siendo víctimas de extorsión e inseguridad. Tan sólo en la última semana, una familia warao que se dirigía hasta los caños del Delta fue atacada por desconocidos en las aguas del río Orinoco que sometieron y asesinaron al conductor de la embarcación.
El Observatorio de Derechos Indígenas de la Asociación Civil Kapé Kapé demanda que estas denuncias sean escuchadas y verdaderamente atendidas, no como algo demagógico, clientelar o político, sino en reconocimiento de sus derechos como venezolanos y ocupantes originarios de este territorio.
Es vital también que se reconozca su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones.
Desde Kapé Kapé exigimos al Estado venezolano el cumplimiento cabal de sus responsabilidades con los pueblos indígenas del país.
